Europa invoca a más de 200 buscadores y OTAs a subsanar prácticas engañosas

Europa invoca a más de 200 buscadores y OTAs a subsanar prácticas engañosas

La Comisión Europea (CE) y las autoridades comunitarias de protección de los consumidores han instado a 235 páginas web de reserva de viajes (agencias online y buscadores) a subsanar prácticas engañosas para sus clientes, tras constatar que no son transparentes sobre sus precios ni presentan ofertas de manera clara. La CE No ha publicado el nombre de ninguna empresa investigada.

Un análisis coordinado del Ejecutivo comunitario y las organizaciones de protección de consumidores, cuyos resultados se hicieron públicos hoy, reveló que los precios no eran fidedignos en 235 páginas web, dos tercios de las 352 analizadas en la Unión Europea (UE).

"Se añadieron componentes del precio en una fase avanzada del proceso de reserva sin informar claramente a los consumidores o que los precios promocionales no correspondían a ningún servicio concreto", avisa la CE en un comunicado.

En el 30,1% de las webs de comparación y reserva no estaba claro el precio total (impuestos incluidos) o el método para calcularlo. Además, el 20,7% de las páginas web presentaba precios especiales que no estaban disponibles en ese momento y en el 32,1% de los casos el precio que figuraba en la web de comparación no era el mismo que acababa pagando el consumidor.

La comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Vera Jourová, recordó que las empresas afectadas deben respetar las normas europeas y alertó de que las páginas de comparación sesgadas u opacas pueden inducir a engaño a los consumidores. "Los consumidores se merecen la misma protección tanto en línea como fuera de línea", sostuvo la comisaria en un comunicado.

La Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores (CPC) contactará ahora las 235 webs irregulares, que comparaban precios de alojamientos, billetes o alquiler de coches, para solicitar que corrijan las prácticas que inducen a engaño. Si no cumplen con lo requerido, las autoridades nacionales podrán llevar a cabo procedimientos administrativos o judiciales contra las mismas.

 

 

 

 

 

 

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