Cerrarán hospedajes que permitan ingreso ilegal de menores de edad

 

Ley aprobada en el Congreso impone multas de 10 a 20 UIT.

 

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El Pleno del Congreso de la República aprobó ayer por unanimidad el proyecto de Ley N° 1071, que establece condiciones para el ingreso de menores de edad a establecimientos de hospedaje a fin de garantizar su protección e integridad.

 

La norma prohíbe la entrada de niños, niñas y adolescentes a hoteles, hostales, resorts, ecolodges, albergues, etc., cuando no estén acompañados de alguno de sus padres, tutores, responsables o sin autorización escrita y notariada de ellos para ingresar a dichos centros de hospedaje.

 

En ese sentido, se dispuso como sanción el cierre y la cancelación de la licencia a aquellos alojamientos que incumplan con lo establecido por la nueva ley, así como multas desde 10 a 20 UIT. También se sancionará a los prestadores de servicios turísticos que promuevan la explotación sexual de menores y adolescentes.

 

El proyecto de Ley 1071, propuesto por el Ministerio Público y dictaminado por las comisiones de Comercio Exterior y Turismo y de la Mujer, fue aprobado por 94 votos a favor (unanimidad) y se le exoneró de una segunda votación.

 

 

FUNDAMENTACIÓN

 

Durante el debate en el Pleno, el congresista Moisés Guía Pianto, presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, dijo que la iniciativa se enmarca de dentro del plan de trabajo de condenar estos delitos de explotación sexual de menores, donde también el nivel de cooperación de la población es importante.

 

Por su parte, la presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, Cecilia Chacón, destacó la importancia de defender a los menores que se encuentran en un estado de vulnerabilidad.

 

Informó del contenido de la propuesta que señala en el artículo 2, que el ingreso de niños, niñas y adolescentes a los establecimientos de hospedaje se efectuará en compañía de uno o ambos padres, tutores o curadores, o el responsable debidamente acreditado con una autorización escrita y firma legalizada por notaría pública o autorización judicial competente.

 

Dijo que el consentimiento del niño carece de valor jurídico y, en cuanto a las sanciones, estas van desde una multa de 20 UIT (S/ 83.000) hasta la cancelación definitiva del hospedaje.

 

Por su parte, la legisladora Lizbeth Robles afirmó que no hay razones para quitarle la inocencia a los menores y que se necesitan políticas públicas para erradicar la violencia y defender los derechos humanos, sobre todo de los niños y adolescentes.

 

En tanto, el congresista Yonhy Lescano pidió precisiones a la norma y su colega Juan Carlos Gonzales Ardiles dijo que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) debe impulsar acciones de fiscalización permanente porque “solo un 12% de los 9 mil establecimientos cumplen con las normas”.

 

 

APROBACIÓN

 

Finalmente, la norma aprobada establece que los prestadores de servicios turísticos también incurren en infracción sancionable con la cancelación de la autorización para desarrollar actividades turísticas cuando promuevan o permitan la explotación sexual de los menores y adolescentes.

 

La cancelación será comunicada a la Sunat y a la municipalidad correspondiente para que en un plazo de 48 horas de recibida la comunicación proceda a la cancelación de la licencia de funcionamiento que se otorgó.

 

 

DELITO DE EXPLOTACIÓN SEXUAL

 

El Pleno también aprobó el proyecto de Ley N° 1536, que propone modificar el Código Penal con la finalidad de sancionar el delito de explotación sexual, en sus diversas modalidades, para proteger con especial énfasis a los niños, adolescentes y mujeres.

 

Uno de los puntos resaltantes del proyecto es que se incorpora el delito de explotación sexual de niños y adolescentes en el artículo 153-D, sancionándolo con una pena no menor de 15 ni mayor de 20 años de prisión.

 

Además, se incluyen agravantes cuando la víctima tiene discapacidad o sufre de alguna enfermedad grave o si pertenece a algún pueblo originario. Actualmente, el Código Penal sanciona la explotación sexual a menores como un agravante del delito de explotación sexual.

 

 

 

 

 

 

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