En junio estará listo informe del Congreso sobre concesiones turísticas en Machu Picchu

 

El equipo parlamentario encargado de analizar el contrato de concesión PeruRail y los servicios turísticos de la ruta Cusco – Machu Picchu, aprobó ayer su plan de trabajo y cronograma de actividades.

 

Conformado por los congresistas Rebeca Cruz Teves, Armando Villanueva Mercado y Ana María Choquehuanca, el grupo de trabajo inició ayer su labor de análisis que se proyecta concluir en junio próximo, con la presentación del respectivo informe final.

 

El acuerdo fue tomado con el voto unánime de los legisladores que participaron en la sesión de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, realizada en la sala 6 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del Congreso de la República.

 

“El grupo de trabajo realizará el análisis del contrato y adendas de la ruta operada por la empresa PeruRail y examinará los contratos de concesión de los servicios turísticos que se prestan en la ruta Cusco – Machu Picchu e identificará al concesionario y a los operadores actuales de dicho tramo”, explicó la congresista Cruz Teves, quien lidera el equipo.

 

Del mismo modo, se identificará a los concesionarios con los cuales el Estado peruano celebró contratos de concesión de los servicios turísticos (hotel, servicios higiénicos, transporte y demás) que se ofrecen en la ruta Cusco – Machu Picchu y los operadores de dichos servicios.

 

 

 

 

El congresista Armando Villanueva Mercado pidió revisar el contrato de concesión del Hotel Cusco y la situación en la que se encuentra actualmente. “Este hotel está en una situación muy difícil. Resulta que perteneciendo a la Beneficencia Pública de Cusco tenemos como más de 18 años pendiendo de su refacción, puesta en valor, en condiciones de prestar servicio. Una concesión decidida y realizada entre gallos y medianoche, debe ser revisada”, subrayó.

 

Con la información obtenida, el grupo de trabajo hará los análisis pertinentes y evaluará el nivel de cumplimiento de las obligaciones asumidas por el concesionario y sus operadores de dichos servicios. También determinará la necesidad de proponer modificaciones contractuales o proyectos de ley con el propósito de mejorar el transporte y los servicios turísticos de la ruta Cusco – Machu Picchu.

 

“El grupo de trabajo tendrá la posibilidad de determinar la existencia, si la hubiera, de presuntas irregularidades e infracciones administrativas, civiles y penales de los servidores públicos de las diversas entidades públicas relacionadas, así como de los concesionarios y sus operadores que resulten civilmente responsables”, agregó la legisladora Teves.

 

También recopilará información de entidades públicas como la Contraloría General de la República, ProInversión, Ositran, Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Trasandino SAC, PeruRail, operadores logísticos públicos y privados, entre otros.

 

 

 

 

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