España: multan a Airbnb con 300 mil euros por comercializar viviendas turísticas ilegales

 

El gobierno de las Islas Baleares, en España, impuso una multa de 300,000 euros a la empresa Ireland UC, titular de la plataforma Airbnb, por una infracción muy grave: haber comercializado viviendas turísticas en Mallorca sin la declaración responsable de inicio de actividad turística (DRIAT) o sin indicar el número de inscripción turística.

 

La sanción llegó tras varias advertencias notificadas a Airbnb sobre el inicio de un procedimiento administrativo, debido a la promoción online de viviendas turísticas que no cumplen la normativa autonómica.

 

Según la prensa española, este es el primer expediente sancionador que se abre desde la aprobación de la Ley Turística de Baleares, que desde el 2012 prohíbe el alquiler vacacional de viviendas en edificios plurifamiliares. Sin embargo, en la reforma del año pasado se estableció un régimen concreto para hacer efectiva esta prohibición.

 

“Si bien en este caso la sanción es de 300.000 euros, las multas por faltas consideradas como muy graves pueden llegar a cuantías de hasta 400.000 euros. Por ello, advierten desde la administración balear, en caso de que la plataforma Airbnb reincida en la comercialización de viviendas turísticas ilegales, la sanción podrá ser incrementada”, informan los medios. 

 

Con ello, Baleares sigue la senda de Barcelona, que había sancionado al sitio web con 600.000 euros, multa que sigue en proceso porque fue recurrida por Airbnb. También la Comunidad de Madrid abrió la puerta a posibles sanciones a las plataformas de alojamientos que incluyan viviendas.

 

 

RESPUESTA DE AIRBNB

 

Airbnb tiene 15 días hábiles para presentar sus descargos ante las autoridades de Baleares. Sin embargo, la empresa adelantó que recurrirá la multa y aseguró que las familias de las islas perderán 100 millones de euros por la restricción de esta actividad.

 

La plataforma no rechazó la acusación de promover viviendas ilegales, pero dijo que las leyes autonómicas “deberían ayudar a distribuir los beneficios del turismo entre las familias y el conjunto de la comunidad”, en lugar de “mantenerlos en manos de unos pocos”.