Más de 11,000 operaciones sospechosas de lavado de activos se registran en Perú

 

El sistema financiero de Perú reportó más de 11,000 operaciones sospechosas de lavado de activos durante los primeros nueve meses del 2018, alertó Olga Johnson, asesora legal de Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (Apotur).  

 

“Nos referimos a operaciones que se encuentran en las tipologías que tienen más de 10,000 dólares por transacciones en este rubro de negocios”, precisó Johnson durante su exposición en el Taller del Sistema Acotado de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo en Agencias de Viajes, organizado recientemente por Apotur. 

 

Según la experta, la cifra reportada hasta la fecha es oficial y ha sido ratificada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), entidad encargada de monitorear las transacciones financieras.

 

Johnson explicó que los sujetos obligados ya conocen sus sistemas de prevención “que ya saben qué reportar y qué no reportar”, precisó.

 

De acuerdo a Johnson, cuando una operación financiera es sospechosa, los funcionarios encargados de monitorear este delito observan las características de estas transacciones financieras.

 

Precisó que los agentes centran sus indagaciones en las listas de sospechosos, personas expuestas públicamente y operaciones electrónicas bancarias que no tienen un claro o cuenta destino, entre otras.

 

“Estas operaciones son analizadas por los oficiales de cumplimiento de cada empresa y, luego de un análisis exhaustivo, deben ser reportadas en el portal de la SBS”, subrayó.

 

Johnson explicó que las actividades económicas donde se registran mayores casos de lavado de activos están relacionadas al sector inmobiliario, notarios y bancos del sistema financiero.

 

La experta también alertó que, hasta el momento, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) registra alrededor de 2.0 millones de dólares en los procesos de investigación que realiza el Ministerio Público.

 

“Antes se hablaba de lavado de activos a la defraudación tributaria, tráfico ilícito de drogas y la minería ilegal, pero ahora se ha incorporado el delito de corrupción de funcionarios”, finalizó.

 

 

 

 

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