Turismo de aventura en jaque por informalidad y falta de control de servicios turísticos [EDITORIAL]

 

Con la finalidad de diversificar su oferta turística, Perú busca desde hace unos años posicionarse como uno de los principales destinos para el turismo de aventura en Sudamérica, con buenos resultados hasta el momento. Sin embargo, los altos niveles de informalidad y la falta de regulación de los servicios turísticos ponen en riesgo dicho objetivo.

 

La desaparición de una turista española en enero pasado, la reciente muerte de dos peruanos cuando practicaban la actividad de canopy (zip line) y el incidente en cuatrimoto de ayer en Cusco, sumado a los accidentes de canotaje registrados en los últimos años, generan preocupación y merecen una rápida acción de las autoridades del sector. Pero, la pregunta es: ¿Quiénes son los responsables de fiscalizar los servicios de deportes de aventura en el país?

 

La respuesta es una sola: las Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo (Dircetures) de los Gobiernos Regionales o quienes hagan sus veces dentro del ámbito de su competencia administrativa, son los órganos competentes en materia de autorización, control, regulación y fiscalización en este caso, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad para la Prestación del Servicio Turístico de Aventura, aprobado en junio del 2016.

 

Tras la publicación de la norma que define las modalidades de Turismo de Aventura, en marzo de este año, tales obligaciones fueron ratificadas y, con ello, era de esperarse que las Dircetures tomen cartas en el asunto y no tengan más pretextos para cumplir con sus funciones. Sin embargo, ahora la situación sigue igual y podría empeorar aún más.

 

Ojo que esto no solo ocurre al interior del país. En Lima, la falta de control en los servicios turísticos también se evidenció tras la caída de un bus panorámico, cuando descendía del cerro San Cristóbal en el Rímac, en julio del año pasado. El accidente cobró la vida de diez personas y dejó decenas de heridos.

 

En este caso, la responsabilidad recae directamente en la Municipalidad Metropolitana de Lima; sin embargo, dicha comuna y el municipio del Rímac se culparon mutuamente. Más de ocho meses después del accidente, las vías que llevan a este concurrido punto turística de la capital aún no son reforzadas.

 

 

¿Y EL MINCETUR?

 

Pero, en medio de este caos, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) también tiene algo de responsabilidad en el tema. Si bien su función principal es elaborar las normas, reglamentos y parámetros que regulen la práctica y comercialización de los servicios turísticos de deportes de aventura, ello no lo excluye de esta problemática.

 

Según el Reglamento de Seguridad para la Prestación del Servicio Turístico de Aventura, de su autoría, el Mincetur, dentro del ejercicio de su autonomía y competencias propias, deber gestionar relaciones de coordinación, cooperación y apoyo mutuo, en forma permanente y continuada con los Gobiernos Regionales y la Municipalidad Metropolitana de Lima, a fin de corroborar la aplicación y cumplimiento de esta norma.

 

Además, el ministerio debe asesorar y brindar apoyo técnico para la implementación de la señalización necesaria, en los lugares donde se desarrolla la o las modalidades de turismo de aventura.

 

Sumado a ello, es cierto que el Mincetur ya ha publicado las normas sobre las modalidades de turismo de aventura, el reglamento de seguridad y los formatos respectivos, pero aún están pendientes las normas técnicas de actividades específicas como Zip Line, Escalada en Roca, Canotaje Turístico y todas aquellas que se consideren de alto riesgo.

 

También hace falta que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) concluya con la elaboración de los ‘Perfiles de Competencias Laborales’, que permita certificar a todas aquellas personas que brinden algún tipo de servicio de turismo de aventura en el país.

 

Por otra parte, una de las excusas que exponen las Directures cada vez que ocurre un accidente de este tipo, es la falta de recursos económicos para las labores de fiscalización de los servicios turísticos. La Dircetur Cusco reconoció ayer que no tiene toda la capacidad operativa y de recursos humanos para llegar a todos los sectores de la región.

 

Si bien esta dramática situación puede resultar cierta –y hasta comprensible en regiones que no viven necesariamente del turismo, a diferencia del Cusco–, no se explica la falta de criterio o interés para buscar soluciones concretas. Por ejemplo, en reiteradas ocasiones, la Asociación Peruana de Turismo de Aventura, Ecoturismo y Turismo Especializado (Aptae), como gremio del sector privado, ha expresado su disposición para apoyar en temas de supervisión y certificación, pero no se aprovecha esta iniciativa.

 

En conclusión, sirvan estas líneas para hacer un llamado a la reflexión y a sumarnos a la exigencia de los gremios de turismo, como Canatur y Aptae, a fin de que las autoridades regionales cumplan con su obligación de fiscalizar estos servicios. Iniciemos una campaña para revertir la mala imagen que genera la informalidad y que afecta al turismo de aventura en todo el país.

 

Otro dato final: según estadísticas de PromPerú, 4 de cada 10 turistas extranjeros que llegan al Cusco lo hacen para practicar deportes de aventura; sin embargo, de las 1,700 agencias que brindan este servicio, el 37% son informales.

 

 

Saludos,

 


Juan Carlos Castro

Director General

Portal de Turismo

juancarlos@portaldeturismo.pe

www.portaldeturismo.pe

 

 

 

NOTA: Las opiniones vertidas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del Director General del medio. Canatur no se solidariza necesariamente con las mismas.