Vacío legal impide regular intermediación de plataformas digitales como Airbnb [ESPECIAL]

 

Trabajo público-privado buscará solucionar el tema.

Lea las conclusiones del Foro organizado por Canatur.

 

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El modelo de negocio de las plataformas digitales que alquilan viviendas particulares de manera temporal, como es el caso de Airbnb, es claramente una intermediación de servicios turísticos que va más allá de la economía colaborativa y, como tal, debería adaptarse a las reglas del mercado formal de alojamientos.

 

Sin embargo, un vacío legal impide la regulación de sus operaciones en el país, lo cual amerita un trabajo conjunto de los sectores público y privado a fin de establecer un marco normativo consensuado que no desincentive el desarrollo de estas iniciativas tecnológicas, pero que garantice la seguridad y calidad en el servicio, el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la libre competencia en igualdad de condiciones.

 

Con esta conclusión se clausuró ayer el Foro “¿Plataformas Digitales o Intermediación de Servicios Turísticos?”, organizado por el Comité Académico de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), que tuvo como sede la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad de San Martín de Porres (USMP). Todos los participantes coincidieron en estas y otras reflexiones compartidas durante el evento.

 

El Foro reunió a destacados expertos nacionales e internacionales del sector turismo, funcionarios públicos y líderes empresariales, quienes analizaron el impacto de las plataformas digitales en la prestación de servicios turísticos y la posibilidad de regular sus operaciones a fin de reducir los riesgos en el país.

 

En sus palabras de bienvenida, Carlos Canales, presidente de Canatur, afirmó que nadie en el sector está en contra de estas plataformas digitales, que hoy en día son una tendencia mundial; sin embargo, dijo que estas empresas deben ser consideradas como prestadoras de servicios turísticos y regirse bajo el reglamento vigente. Asimismo, agradeció la participación de los expositores y público asistente, pero lamentó que Airbnb no haya atendido la invitación para estar presente en el evento.

 

 

 

 

 

A continuación, un resumen de cada una de las exposiciones:

 

 

ECONOMÍA COLABORATIVA O COMPARTIDA

 

 

 

Como primer expositor, José Marsano, director del Observatorio Turístico del Perú (USMP), hizo un recuento de la evolución de la denominada economía ‘colaborativa’ o ‘compartida’, término de consumo que comenzó a emplearse en el año 2007 con la crisis de las hipotecas en Estados Unidos. Se define como una interacción entre dos o más personas, a través de medios digitalizados o no, que satisface la necesidad de una o más personas.

 

Sostuvo que se debe formalizar los servicios de alojamiento en inmuebles particulares a través de plataformas digitales, para evitar una competencia desleal, distorsión de tarifas, elusión de impuestos (IGV e IR), evasión de ordenanzas municipales, incumplimiento de requisitos de Defensa Civil para servicios de hospedaje, inseguridad personal y de bienes, mal uso del inmueble (ausencia de control para el ingreso de menores, trata de personas) y molestias para los vecinos del edificio.

 

“Todo tipo de oferta de bienes de consumo o de servicios en un mercado de libre competencia como el peruano, que no se ajuste a las reglas del mercado (ya sea por subsidios, por falta de normatividad o por temas de elusión tributaria y otros), en lugar de beneficiar en el mediano plazo al consumidor, tiende a perjudicarlo, ya que se encuentra en franca y desleal competencia con aquellas que no gozan de estos beneficios que distorsionan el mercado, con el riesgo adicional de que puedan desparecer o, en el mejor de los casos, disminuir la calidad de su oferta”, expresó Marsano.

 

 

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ACUERDOS DE REGULACIÓN

 

 

 

Diego Castro, country manager de Despegar.com Perú, sostuvo que su representada es la agencia de viajes online más importante de Latinoamérica, con presencia en más de 20 países, y es la sexta empresa de turismo más grande del mundo. En el mercado peruano, su crecimiento triplica el promedio de la industria de viajes (7% anual) y para mantener ese ritmo vienen adaptando nuevos productos acorde con las necesidades.

 

Sin embargo, el ejecutivo reveló que en los últimos años han detectado un gran número de vuelos vendidos que no incluyen alojamiento, pese a ofrecer una variedad de hoteles de 5, 4 y 3 estrellas, además de hostels. Se trata de pasajeros que optan por reservar en otras agencias online (OTAs) o en plataformas de alquileres temporales como Airbnb. Por ello, Despegar.com evalúa incluir dicha oferta en los próximos meses.

 

“La economía colaborativa es un modelo nuevo que ha venido para quedarse; sin embargo, aún existen ‘zonas grises’ que se deben revisar, nos preocupa mucho los aspectos de seguridad. Son muchos los beneficios económicos para el país, hay más turismo, más recursos y ayuda a democratizar la industria de viajes; pero hay que buscar un balance entre regulaciones y burocratización del e-commerce en Perú, brindando condiciones de igualdad para los miembros del sector”, comentó Castro.

 

 

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CASO COLOMBIA

 

 

 

Angela Patricia Lastra, gerente general de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), expuso los avances normativos en su país con respecto a la oferta de las plataformas digitales, haciendo énfasis en que se trata de una intermediación comercial de alojamientos turísticos en viviendas particulares.

 

Destacó que en Colombia se ha logrado normar dichos servicios a través de una ley que, para efectos tributarios o fiscales, considera que prestan servicios de vivienda turística las personas naturales o jurídicas que alquilen en un mismo distrito más de 5 inmuebles por períodos inferiores a 30 días, así como aquellos cuya actividad sea de intermediación entre arrendadores y arrendatarios. Existen fuertes sanciones para quienes incumplan el reglamento.

 

“La preocupación en Colombia ha sido grande. Le hemos dicho a las entidades de gobierno que no nos oponemos a las plataformas digitales, que nos encantan porque nos han dado visibilidad, pero queremos que jueguen en las mismas condiciones, que sean reguladas al igual que la industria hotelera tradicional, que tengan un registro nacional, que paguen impuestos y que garanticen la calidad del turismo”, indicó Lastra.

 

 

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TRIBUTACIÓN POR SERVICIOS

 

 

 

Henry Beltrán, funcionario de fiscalización de la Sunat, abordó el tema de tributación en los servicios de arrendamiento de corto plazo de las economías colaborativas. Precisó que se considera rentas de fuente peruana las obtenidas por servicios digitales prestados a través de internet o de cualquier aplicación, plataforma o tecnología en red, cuando el servicio se utilice económicamente, se use o se consuma en el país.

 

En ese sentido, consideró que las plataformas de alquiler temporal de viviendas particulares encajan en esta descripción al ser intermediarias de servicios turísticos. Advirtió que en algunos casos existiría elusión en el pago de impuestos debido a la normatividad poco clara.

 

“Hoy no existe más que la legislación que corresponde a persona natural para este tipo de actividades. Al ser personas naturales las que prestan este tipo de arrendamiento en corto plazo estarían gravados, de acuerdo con la legislación del impuesto a la renta, con rentas de primera categoría con los ingresos que obtienen. Si ocurriera el caso de que fuera una sesión gratuita del predio, cosa que no se ve aquí, la norma también indica que estaría gravado con un 6% del valor de autovaluo de acuerdo a la proporción del tiempo que se ha ocupado dicho predio”, detalló Beltrán.

 

 

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ACCESO AL MERCADO

 

 

 

Wendy Ledesma, directora de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor de Indecopi, disertó sobre el acceso al mercado y seguridad en los servicios de arrendamiento de corto plazo. Dijo que la economía colaborativa permite la creación y el desarrollo de mercados virtuales, puntos de encuentro e intermediación entre demanda y oferta, donde cualquier individuo puede convertirse en un proveedor de productos y servicios.

 

La funcionaria explicó que un participante en una plataforma de economía colaborativa puede considerarse como proveedor al evaluar la frecuencia de los servicios ofertados (no de manera ocasional), si la prestación tiene un fin lucrativo y el nivel de volumen de negocio. Coincidió también en que las plataformas como Airbnb tienen actividades de intermediación de servicios.

 

“Los retos son: monitorear y conocer la problemática que afecta a los consumidores involucrados en la economía colaborativa; mayor capacitación e información a proveedores; innovación de solución de controversias y prevención de conflictos; creación y aplicación de un marco jurídico apropiado; fortalecer la cooperación internacional entre agencias de consumidor, entre otros”, manifestó Ledesma.

 

 

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ALOJAMIENTOS – RESIDENCIAS

 

 

 

Guillermo Martínez de Pinillos, director de Ahora Perú, expuso el tema: “Residencia en alojamientos o alojamientos en residencias”. Dijo que lo fundamental es definir la terminología sobre la que operan las plataformas digitales, para luego identificar la diversidad de la oferta, la realidad del mercado y determinar exigencias y responsabilidades.

 

El ejecutivo remarcó que se requiere actualizar las normas vigentes, muchas de las cuales datan de diez años atrás y están alejadas de las tendencias y realidades que hoy vivimos. Además, sostuvo que el sector público debe sincerar el tema de los indicadores oficiales, que muchas veces difieren con los resultados del sector privado.

 

“Debemos dejar en claro que no estamos en contra de lo que es la tecnología, no estamos en contra de las plataformas digitales de comercialización online, pero sí creemos que tienen que ser regulados, con normas justas. No debemos ser prohibitivos, con normas que restrinjan mucho, pero sí deberíamos empezar a formar los primeros peldaños para que poco a poco se vaya avanzando y creciendo, y no nos veamos perjudicados todos”, indicó.

 

 

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REGULACIÓN DE VIVIENDAS

 

 

 

Daniel Maraví, director general de Políticas de Desarrollo Turístico del Mincetur, brindó algunas consideraciones sobre la posible regulación de los alquileres de viviendas particulares a través de plataformas digitales. Reveló que la oferta de viviendas ofertadas a través de Airbnb supera los 15,580 inmuebles, de los cuales el 57% está ubicado en Lima y el 21% en Cusco, entre otras regiones del país. La tasa de ocupación es mayor al 60% en ambas ciudades.

 

Respecto a las competencias normativas, el funcionario precisó que el Mincetur sólo puede regular las actividades calificadas como prestación de servicios turísticos. En ese ámbito están excluidas las plataformas digitales como Airbnb, por lo que hace falta fortalecer el diálogo entre las partes involucradas. “Como Mincetur estamos promoviendo diferentes espacios donde tocamos estos y otros temas vinculados a la actividad turística”, refirió.

 

“Nosotros estamos con las manos atadas, no podemos regular si es que no son calificados como prestadores de servicios turísticos. Son nueve las plataformas digitales que están prestando ese servicio a nivel nacional. Solo si la norma define que son prestadores de servicios turísticos, es nuestra responsabilidad registrarlos, regularlos, fiscalizarlos y estar detrás de las Dircetures para que, en el ámbito de sus competencias, también cumplan este rol”, indicó Maraví.

 

 

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COMPETENCIA LEAL

 

 

 

Elmer Barrio de Mendoza, gerente general de Canatur, hizo un recuento de la realidad internacional como es el caso de Ámsterdam, donde los alquileres de inmuebles completos están limitados a 60 días por año y se reducirán a la mitad a corto plazo, mientras que en Barcelona los alquileres a corto plazo deben tener licencia y no se otorgan nuevas licencias.

 

Señaló que en Berlín los propietarios necesitan un permiso para alquilar el 50% o más de su vivienda por un período corto; en Londres los alquileres a corto plazo de inmuebles enteros están limitados a 90 días del año; en Nueva York en general es ilegal alquilar apartamentos por 30 días consecutivos o menos sin que el propietario esté presente en el inmueble; en París los alquileres a corto plazo están limitados a 120 días al año; y en Santiago de Chile se acaba de anunciar un impuesto flat del 10% a Airbnb, Homeaway y otras plataformas similares no domiciliadas.

 

“Así las cosas, no hay tiempo para escabullirse, necesitamos recordarle al Estado que no estamos para jugar al Gran Bonetón, que debemos tomar decisiones rápidas antes que sea tarde. Por ejemplo, en materia tributaria determinar qué tipo de impuestos deben pagar la plataforma y los propietarios/anfitriones; en materia de uso de las viviendas definir si se debe dar el mismo tratamiento al alquiler tradicional de viviendas que al arrendamiento diario con propósito de alojamiento de visitantes y en materia de normatividad establecer procedimientos simples y eficientes de autorizaciones y licencias, registro de anfitriones y huéspedes y protocolos de seguridad”, expresó.

 

 

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CONCLUSIONES

 

 

 

Carlos Canales, presidente de Canatur, dio las conclusiones finales del Foro y reiteró que el sector está a favor del desarrollo tecnológico y no está en contra de las plataformas digitales. Sin embargo, pidió a las autoridades gubernamentales que se implemente un marco legal a fin de regular la oferta de las denominadas viviendas turísticas tal como ocurre en otros países como Colombia.

 

Asimismo, elogió la labor de la Sunat e Indecopi y dijo que ambas entidades estatales consideran que las plataformas digitales como Airbnb sí realizan una intermediación de servicios turísticos. Recalcó que Sunat prácticamente califica de elusión en el caso de incumplimiento del pago de impuestos.

 

“Tenemos que buscar el bien común que es la formalidad, el pago de los impuestos, así como los fines del uso debido del establecimiento y que no atenten contra la moral o buenas costumbres. Debemos incorporar algún tipo de regulación a fin de fiscalizar este tipo de alojamientos y sancionar en caso de incumplimiento de los requisitos”, indicó Carlos Canales, al recalcar que el trabajo debe ser público–privado.

 

 

 

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